Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” y que acompaña al colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), dijo que la implementación de este artículo es parte de una estrategia internacional para exigir mecanismos para enfrentar la problemática de desapariciones, además de apoyar y respaldar la lucha de familias de personas desaparecidas.
En conferencia los y las expertas del Observatorio acusaron que han logrado documentar el efecto de los acordeones tuvieron un efecto en la designación de los puestos judiciales.
Dichas reformas contemplan la creación de la Plataforma Única de Identidad y el Banco Nacional de Datos Forenses.
La cantidad de áreas verdes por metro cuadrado en esta ciudad está muy por debajo de estándares mundiales.
Un libro que permite no sólo que periodistas cumplan con su labor, sino también democratizar la tarea contra los engaños que día con día buscan incidir en la vida pública con más fuerza.
Para facilitar la identificación de las especialidades de las y los jueces, cada una estará asignada a un color diferente en la boleta amarilla
Se trata del primer presidente convicto por delitos graves en la historia de EE.UU., ya que en mayo de 2024 fue condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un plan para encubrir un encuentro sexual con una actriz porno.
En cuanto al presupuesto asignado a secretarías, la de Educación es la que recibe más dinero debido al pago de nómina de docentes. Esta secretaría tiene presupuestado 26 mil 425 millones de pesos, es decir, el 36.7% del presupuesto estatal.
En los últimos años han trascendido en las noticias escándalos como la “Estafa Maestra” esquema mediante el cual se desviaron más de 7 mil millones de pesos o el caso de Segalmex donde hubo 9 mil 500 millones de pesos de por medio, hechos que de no ser por el INAI no hubiesen podido ver la luz a través del periodismo de investigación.
Según el artículo 24 Bis, la solicitud de Alerta de Violencia de Género la pueden iniciar organismos públicos autónomos de derechos humanos u organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
