Un 29 de julio, hace 15 años, salió a la luz el histórico endeudamiento que el gobierno de Coahuila registró en el 2011 por 32 mil millones de pesos, de los cuales la mayor parte se obtuvieron con documentos falsos.
Con dos administraciones estatales concluidas y una en curso, ninguna se ha enfocado en sancionar uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Coahuila que representa una pesada carga para las finanzas públicas, la deuda contratada con documentos falsos evidenció otros actos de corrupción y actividades ilícitas que provocó se abrieran investigaciones en contra de exfuncionarios de la administración de Humberto Moreira Valdés en Estados Unidos y contra el hoy empresario inmobiliario y de la construcción.
De forma colaborativa el periódico Reforma y la primera emisión de Noticias MVS, en ese momento conducida por Carmen Aristegui, dieron a conocer lo que el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, descubrió al no ver reflejado el registro de la deuda estatal pero sí se tuvo acceso al recurso y había indicios de lavado de dinero. Luego lo daría a conocer en un evento en la ciudad de Torreón, cuando buscaba la candidatura del PAN rumbo a la presidencia de la república.
La información trascendió en medio de la antesala de dicho proceso presidencial y la salida de Felipe Calderón, el aumento de la violencia y sus graves impactos en la violación de derechos humanos al aumentar los casos de secuestros y homicidios en el país y donde Coahuila fue una de las primeras entidades en las cuales las familias se organizaban para denunciar la desaparición de sus seres queridos.
El caso de la deuda ilegal, además de permanecer en las cortes de Estados Unidos se encuentra registrada en el Informe Nacional sobre Prácticas de Derechos Humanos 2012 del caso México. En la sección 4 referente a “Corrupción y falta de transparencia en el gobierno” se señala la detención de los dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que participaron en los ilícitos, así como la emisión de cinco órdenes de aprehensión emitidas contra funcionarios estatales.
“Por su presunta participación en un fraude crediticio que añadió más de 25 mil millones de pesos (casi dos mil millones de pesos) a la deuda pública del estado”, precisa el documento.
Entre esas órdenes de aprehensión figuró la de Héctor Javier Villarreal Hérnandez, quien pasó de ser un empleado de la Secretaría de Finanzas al titular del Servicios de Administración Tributaria de Coahuila, dependencia creada por Moreira Valdés y quien nombró al joven funcionario responsable de la recaudación estatal y quien estaría en el cargo por 12 años, de acuerdo con los cambios que se hicieron en ese momento a la Ley Orgánica de la Administración Pública que dejaba en igual circunstancia al titular de la entonces Procuraduría General del Estado.
El ex funcionario está a la espera de sentencia, mientras que el exgobernador interino, Jorge Torres López, hizo acuerdos con las autoridades norteamericanas para obtener su libertad y regresar a México, después de ser detenido en Puerto Vallarta y estar entre los buscados por las DEA. Entregó a las autoridades norteamericanas propiedades y el dinero que estaba en cuentas, junto y al igual que las de Villarreal Hernández, en paraísos fiscales.
Otra parte del dinero, de acuerdo con las autoridades norteamericanas, se destinó a la compra de medios de comunicación electrónicos que hoy están en manos de gente muy cercana al ex gobernador, cuya suegra también debió entregar una mansión valuada en 600 mil dólares.
A pesar de que el exgobernador afirmó que la millonaria deuda ilegal fue destinada a inversión, eliminó la pobreza y la marginación, así como mejoró la infraestructura vial, en los indicadores aún existen problemas de pobreza, rezago educativo y se han tenido que hacer varias reestructuras, además de que desde el 2011 las administraciones estatales “sobrevivieron” con el trámite de préstamos a corto plazo. Sólo el año pasado no se obtuvieron este tipo de préstamos para pago de aguinaldos, pero tampoco se han destinado mayores recursos a la inversión pública.
La impunidad es lo que ha caracterizado el caso de la deuda ilegal contratada y aunque en un video, uno de los exfuncionarios del Satec pretendió deslindar al exgobernador, los créditos irregulares se obtuvieron casi desde el inicio de su gobierno.
Desde entonces y debido a lo establecido en las leyes de ingresos de los años posteriores, debido al impacto que permanece sobre la deuda ilegal, se incrementaron los costos de varios trámites entre ellos la emisión de actas de nacimiento y no se concretó la promesa de campaña de Rubén Moreira Valdez de desaparecer la tenencia vehicular, mientras que algunos proveedores de varias de las obras y servicios denunciaban millonarios adeudos. Hubo casos, como en Monclova, que uno de ellos decidió derribar una escuela debido a que no podía recuperar lo invertido.
