Este reportaje se realizó en conjunto entre Semanario y el portal Cactus Check
Después de más de cuatro millones de solicitudes de acceso a la información a nivel federal y decenas de miles de solicitudes que recibió el extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) desde el 2004, la sociedad afronta un nuevo modelo para ejercer su derecho a la información… con más dudas e incertidumbre por la eliminación de los órganos garantes autónomos.
José Carlos Nava, coordinador de la carrera de Comunicación en la universidad Iberoamericana Torreón, opina que de inicio con el nuevo armario y diseño institucional lo que se tiene es un retroceso, pues los órganos garantes funcionaban de facto como un contrapeso institucional ante la estructura del poder establecido.
Es por esto que, especialistas entrevistados aseguran que enfrente existen retos y desafíos tanto para el Estado, pero principalmente para la sociedad en aras de mantener una democracia.
“Para cualquier democracia es importante saber cómo se invierten los recursos y no solamente cómo se gastan, porque los pueden gastar de forma legal, cubriendo todos los requisitos, pero en el ejercicio puede resultar inoperante”, dice Luis González Briseño, expresidente del ICAI.
Para José Carlos Nava, la aspiración de todo régimen democrático es que se acerque más a una “estructura de cristal”, en el sentido de la transparencia.
“Aunque sea una utopía es el propósito esencial, pero vamos a contracorriente, bajo estas nuevas condiciones a lo que nos aproximamos es a una “persianización” del poder. En lugar de tener ventanas de cristal, lo que tenemos es la presencia de persianas”, comenta.
Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), critica que al momento de que se determina en este país, gobernar por decreto, “estamos siendo anulados como autores fundamentales”, dice.
Para Ordaz, existe una razón básica: “No nos hemos asumido como quienes otorgamos mandato a los gobernantes y no estar permanentemente obedeciendo”.
RETO CIUDADANO Y LA NECESIDAD DE ALIANZAS
Para el expresidente del ICAI, Luis González Briseño, los retos son para ambas partes: la autoridad y la ciudadanía. El gran reto para los ciudadanos ahora, dice, es ser más acuciosos en lo que se solicita. Esto implica no solo pedir información general (como el presupuesto o el sueldo de un servidor público), sino preguntar por los parámetros que se utilizaron para la asignación o determinación de esos montos, por ejemplo. Es decir, ser más puntuales en las solicitudes de información para evitar un «peregrinaje de estar impugnando», comenta.
Explica que anteriormente los órganos garantes podían «suplir las deficiencias de la queja» del ciudadano; por ejemplo, si no se especificaba un periodo, se enviaba la información de los dos últimos años. Considera que ahora la autoridad podría negarse a entregar la información si la solicitud no es lo suficientemente precisa.
El académico Miguel Ángel Ordaz enfatiza que la pelota está primordialmente del lado de la sociedad, ya que asegura que ningún gobierno por sí solo decidirá transparentar lo que está haciendo. Considera que la sociedad no se ha asumido como «mandante».
Para Ordaz el hecho que organizaciones civiles hayan creado un consorcio para vigilar la medición de la pobreza tras la eliminación del Coneval, debe de ser un punto de referencia de lo que se tiene que hacer en materia de transparencia y acceso a la información.
En ese sentido, Priscila Cárdenas, periodista especializada en materia de transparencia, destaca la necesidad de que haya sinergia entre diferentes frentes: sociedad civil, la academia y los periodistas, por ejemplo.
“¿Qué le toca a la sociedad civil y los periodistas? Vincularnos entre nosotros, los académicos y organismos de la sociedad civil han sido grandes aliados del periodismo de investigación, hoy más que nunca tenemos que estar unidos porque con las modificaciones a la ley vamos a necesitar una buena asesoría legal para poder fundamentar el porqué sí nos tienen que entregar la información”, comenta Cárdenas.
INFORMACIÓN SIN ÁRBITROS
En el caso de Coahuila, quien absorberá los trabajos que hacía el ICAI, es la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En ese sentido, el académico y periodista, José Carlos Nava, considera que en el Estado la situación se recrudece porque a lo largo del tiempo se ha tenido una hegemonía sólida del partido en el poder (PRI), donde existían situaciones “sui géneris” como que funcionarios del ICAI eran personas en lo general pertenecientes al estatus quo político en la entidad.
Entre los casos más notorios del uso de este espacio como plataforma está el del expresidente Homero Flores Mier, designado para el cargo en 2015 y que dejó el puesto para postularse a la recién creada Fiscalía Anticorrupción. En agosto próximo, luego de la reforma judicial local, asumirá una magistratura en el Poder Judicial de Coahuila tras una elección que fue mero trámite.
Flores Mier siempre fue cuestionado por su cercanía con el exgobernador Humberto Moreira al ocupar cargo en sus gestiones como alcalde de Saltillo y luego en el gabinete estatal.
Otro perfil similar fue el de Teresa Guajardo, quien también presidió entre 2013 y 2015 el ICAI, luego renunció para competir por una diputación y en 2017 fue nombrada por el exgobernador Miguel Ángel Riquelme como titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Sin embargo, el trampolín siguió prácticamente hasta el final de sus días como instituto. Dulce María Fuentes, quien hasta hace unos días presidió el ICAI, terminará la entrega-recepción de los activos del ICAI en unos días y asumirá la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial en Coahuila en agosto.
Sin embargo, a pesar de estos casos, el académico Nava considera que de alguna manera se matizaba esa “dualidad ambigua” que podría subsanarse con un armario institucional de personas profesionales en el tema, sin que necesariamente su filiación política lesionara los procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Menciona que con todo y un posible sesgo de origen, cumplía con sus funciones y era formalmente un contrapeso.
Por ese motivo, considera que el reto es que prevalezca el derecho de acceso a la información. “Ya no será un organismo autónomo, no importa, el asunto es que prevalezca el derecho. Lo que no está a discusión es el derecho”, resalta.
Miguel Ángel Ordaz insiste que, ante la desaparición de órganos independientes, ahora los contrapesos tienen que venir desde fuera.
¿Y PARA INCONFORMARSE?
Ante la extinción de los órganos garantes especializados, el juicio de amparo se convierte en la vía principal y última instancia para que los ciudadanos combatan la clasificación o reserva de información por parte de la autoridad.
En Coahuila existe una larga lista de temas que fueron reservados discrecionalmente como la deuda del Estado, pero otros abusos en los que ocurrían las autoridades como reservar el gasto en vuelos a pesar de ya haberse realizado o no querer entregar información sobre el costo de conciertos públicos pagados con el erario.
Según datos entregados por el ICAI a una solicitud de Semanario y Cactus Check, hubo un total de 10 mil 982 recursos de revisión interpuestos en el historial del instituto. Y una nota de Cactus Check reveló en 2024 que la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Torreón estaban entre las dependencias o sujetos obligados que más se resistían a otorgar información pública solicitada por la ciudadanía.
El recurso de revisión era el medio legal con el que contaban las personas para impugnar la respuesta de los sujetos obligados a sus solicitudes de acceso a la información pública. Anteriormente, los órganos garantes, como el INAI o el ICAI, eran quienes resolvían las inconformidades de los ciudadanos respecto a la información. Ahora, esta función recae directamente en los jueces federales especializados en amparo. Esto significa que ya no es un asunto entre gobierno y ciudadano, sino una especie de triada de gobierno, ciudadano y tribunales.
Luis González Briseño explica que un juez federal especializado en amparo será quien determine si la información es realmente reservada o si se debe entregar, saliendo esta decisión de la esfera de la autoridad y del ciudadano.
Además, si una nueva ley de acceso a la información no satisface las garantías mínimas, los órganos garantes ya no podrán presentar acciones de inconstitucionalidad. En su lugar, ahonda González Briseño, el ciudadano deberá recurrir directamente al juicio de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de estas normas, pudiendo incluso llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que el derecho de acceso a la información es un derecho humano contemplado en el artículo sexto constitucional.
El expresidente del ICAI añade que se espera que la nueva conformación de la Suprema Corte tenga una «visión garantista de los derechos humanos» para prevalecer el interés del ciudadano por conocer.
Para el especialista Miguel Ángel Ordaz, los juicios de amparo representarán la «prueba de fuego» de lo que se ha hecho mal, poniendo en evidencia el retroceso en materia de transparencia.
“Si nos quitan un derecho y no se cumplen con las obligaciones centrales del Estado, que son las de la salvaguarda de nuestra de nuestra integridad física y patrimonial, pues entonces estamos fritos porque no podemos estar supeditados a la buena intención, a la buena voluntad o en el peor de los casos a no seguir la instrucción que dicta el gobierno central o quien concentre el poder”.
Además, el artículo 112 de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social, sin especificar a qué se refiere “paz social”.
El académico Miguel Ángel Ordaz sugiere que esto podría ser una estrategia del gobierno para ocultar lo que no está funcionando bien.
Reitera que ningún gobierno del mundo por sí solo decidirá transparentar lo que está haciendo, y que la situación actual podría agudizar el hermetismo, haciendo que el gobierno clasifique o reserve más información con argumentos como la «seguridad nacional» o la «paz social».
José Carlos Nava de la Ibero Torreón, refiere que en su experiencia tuvo impugnaciones que revirtieron las respuestas originales, por lo que ahora, con el nuevo modelo de impugnación, augura retrasos en los procesos.
“Una impugnación te llevaba su tiempo. Ahora vamos a tener un tiempo de espera mayor. Más tiempo, más complicaciones, más burocracia. Procesos que se dan al interior de una estructura de gobierno”, dice.
Luis González Briseño asegura que anteriormente la información reservada era prácticamente inexistente, a excepción de los datos personales, debido a los mecanismos de “prueba de daño” que obligaban a la autoridad (sujeto obligado) a justificar que la divulgación causaría un daño real.
Además, subraya que, en estos casos, habrá que «ponderar» cuándo realmente se afecta el interés.
Para la periodista Priscila Cárdenas, una de las principales preocupaciones ahora que el INAI desapareció y los organismos locales están en ese proceso, tiene que ver con la dificultad que tendrán tanto asociaciones civiles y periodistas para obtener información relacionada con casos severos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.
“Anteriormente era posible obtener expedientes como el del caso Ayotzinapa, pero ahora tendrían que existir actos de corrupción verificables y sentencias para que la autoridad entregue la información, lo cual es bastante grave porque los delitos al momento que llegan al Poder Judicial caminan bastante lento y para acceder a una sentencia pueden pasar muchos años”.
¿MISMOS VICIOS?
Luis González Briseño expresidente del ICAI, considera que entre los pendientes que dejó el extinto órgano garante y que se vuelven tarea, fue que los sujetos obligados elaboraran y publicaran información en los portales de transparencia con un lenguaje claro y ciudadano.
Explica que, a menudo, la información se subía en cientos de hojas, con cuadros, con rayas y clasificaciones difíciles de entender para el ciudadano común, sin explicar el significado o destino de las partidas presupuestales.
“Esa es una tarea aún pendiente, el que los sujetos obligados elaboraran información con un lenguaje ciudadano y claro, que permitiera el acceso, de una manera más práctica, más sencilla, pero, sobre todo, en un lenguaje ciudadano”, menciona.
Otro pendiente es la homogeneización de la información, pues recuerda que municipios pequeños, con menos recursos, publicaban la información de una forma, y otros con más recursos, de otra forma.
“La meta era que el ciudadano viera la misma información presentada de la misma manera en todos los portales, como si estuviera en el mismo color en todas partes”.
Para José Carlos Nava, académico y periodista, el ICAI dejó pendientes relacionados con temas específicos como la deuda del Estado o el tema de la masacre de Allende. Lamenta que la mayor parte de la información que debe estar en manos del aparato de gobierno y debe ser pública, ha estado disponible a partir de fuentes externas.
“Hemos ido descubriendo las entrañas de la masacre más a partir de lo que se ha publicado por fuera, de investigaciones externas”, comenta.
Un reportaje, “ICAI: cómplice de la opacidad en Coahuila”, de Camelia Muñoz, Lucía Pérez Paz y Magda Guardiola, mostró cómo precisamente se mantuvo la reserva de información en temas sensibles como la deuda pública, desapariciones forzadas y violencia.
El reportaje “Transparencia, un proceso costoso y simulado en Coahuila” de Armando Ríos y Lucía Pérez Paz publicado en mayo de 2024 en Semanario y el Border Hub, evidencia cómo la evaluación que utilizaba el ICAI para calificar a las dependencias, no tomaba en cuenta solicitudes ignoradas, recursos de impugnación y la calidad de la información que brindan al ciudadano, por lo que terminaban dándoles 10 de calificación a entes opacos.
Muchos de los problemas a lo largo de los años, en cuanto a la publicación mínima de la información, era que los sujetos obligados colocaban ligas rotas o documentos indescifrables o información que simplemente no correspondía.
“La credibilidad del nuevo sistema dependerá del interés del titular del ejecutivo, porque finalmente a eso obedece su propia posición”, comenta el especialista Miguel Ángel Ordaz.
Ordaz subraya que uno de los grandes pendientes de los órganos garantes extintos fue no haber promovido de manera permanente la cultura que implicaba el conocimiento del derecho a saber y cómo llevarlo a cabo. Destaca que cada vez es más difícil convencer a los jóvenes de la necesidad de conocer para empoderarse, ya que el empoderamiento sólo se logra a través del conocimiento.
Señala que históricamente nunca hubo sanciones para ningún ente público que no cumpliera con las obligaciones de la ley.
Califica como de una “vacilada” que la autoridad garante federal sea Transparencia para el Pueblo con los adjetivos de “corrupción y buen gobierno”, refiriéndose a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, que es de donde se desconcentra.
La especialista Priscila Cárdenas destaca que desde marzo que el INAI desapareció y la tutoría de la Plataforma Nacional de Transparencia pasó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, hubo cambios que ya perjudican a quienes indagan historias de corrupción.
“El buscador de la PNT fue modificado de tal manera que se vuelve bastante complicado acceder a información, antes al iniciar una investigación lo primero que hacíamos algunos era buscar solicitudes de información hechas previamente y luego hacer más”.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA LA SOCIEDAD
Una de las principales áreas de oportunidad es que la sociedad tome conciencia de la importancia de conocer sus derechos (tanto los negados como los vigentes) y sobre todo las obligaciones de los entes públicos, comenta Miguel Ángel Ordaz, especialista en temas de administración pública y transparencia.
Sin embargo, esto se dificulta por la tendencia a creer más en «dichos» más que en «hechos» y la existencia de aparatos de propaganda, añade el experto.
Ordaz recalca que el tema del derecho de acceso a la información ya no se trata de un asunto meramente individual, sino colectivo y que tiene que ver con algo integral.
Desde la perspectiva de Luis González Briseño, expresidente del ICAI, las autoridades deben fortalecer los mecanismos para facilitar el acceso a la información. Esto incluye la creación de portales más accesibles con «lenguajes ciudadanos», la publicación diaria de información útil, y la realización de ejercicios de «gobierno abierto» para conocer qué información interesa a la ciudadanía.
González Briseño añade que, a pesar de los desafíos, el derecho de acceso a la información es progresivo y siempre se debe trabajar en mejorar su aplicación, especialmente en hacer la información más comprensible para el ciudadano.
Agrega que mantener informados a los ciudadanos construye un círculo de confianza. Pone el ejemplo de prestar dinero: se seguirá prestando a quien informa en qué lo gasta, ya que la falta de información genera desconfianza.
“Si los gobiernos transparentan todo su actuar, en gran medida legitiman sus decisiones”, asevera.
Una de las áreas de oportunidad más importantes es la capacitación de los ciudadanos sobre cómo formular solicitudes de información, cómo encontrarla, y entender la transparencia proactiva o focalizada, considera el expresidente del ICAI.
Opina que sin una sociedad más capacitada y preparada, habrá retrocesos en los procesos, y la información solicitada podría volverse obsoleta si la solicitud se formula mal y el proceso se alarga.
José Carlos Nava dice que la información tiene que aspirar más a ser un símil de una caja de cristal y no vuelva a ser una jaula de secretos guardada con llave y con combinaciones difíciles de descifrar:
“Es un reto no regresar a la jaula de los secretos, sino aspirar a un régimen de cristal”.
